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MARCAS DE DICTADURA
JUICIOS DE LESA HUMANIDAD EN SAN LUIS
Causa Menéndez Luciano Benjamín y otros
En 2013 comenzó el segundo Juicio Oral sobre Crímenes de Lesa Humanidad. Este juicio se realizo por la represión en San Luis desde 1976 en adelante cuando estuvo la dictadura cívico militar. El veredicto final fue: prisión perpetua a nueve imputados y penas de 3 a 20 años de cárcel para otros 19.
Las victimas fueron 5 desaparecidos, 6 asesinados, 25 victimas de privación ilegítima de la libertad y tormentos (Ex presos políticos).
El Tribunal investigó la desaparición forzada y asesinatos de Domingo Hildeyardo Chacón, Adolfo Enrique Pérez, Luis María Früm, Vicente Rodríguez, Graciela Fiochetti, Pedro Valentín Ledesma, Santana Alcaraz, Nolasco Leyes, Roberto Rafael García, Dante Bodo y Sebastián Cobos, ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis.
Además la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos y torturas de Aníbal Franklin Olivera, Manuel Armando Alfonso, Juan Fernando Vergés, Carlos Enrique Correa, Andrónico Agüero, Mirtha Gladis Rosales, Ana María Garraza, Isabel Catalina Garraza, Juan Cruz Sarmiento Cabrera, Alfredo Luis José Montoya, María Luisa Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandía, Lucy María Beatriz, Alejo Sosa, Joaquín Julio Lucero Belgrano, Ramón Gómez y Víctor Fernández, entre otros.
Imputados/ acusados (datos de quiénes son y si se encuentran en prisión o no):
Son 29 procesados (Policía Prov. Federal, Ejercito, Aeronáutica). Son juzgados por segunda vez los ex militares Ángel Fernández Gez y Carlos Esteban Pla, que en esa época era el ex jefe de Policía, y los ex miembros de esta fuerza Luis Alberto Orozco y Juan Carlos Pérez, quienes ya fueron condenados en el primer juicio de 2009. Además, se sumaron a la lista de imputados Luciano Benjamín Menéndez, Vicente Ernesto Moreno Recalde, Carlos María Alemán Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Andrés Leonardo García Calderón,Juan Amador Garro, Pedro Armando Gil Puebla, Nelson Humberto Godoy -ex jefe departamental de la Policía de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes-, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofré, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez, Alberto Jorge Moreira, Jorge Félix Natel, Enrique Manuel Ortuvia Salinas, Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomás Palma, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez, Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi.
Causa Magistrado San Luis
En 2018 comenzó el tercer Juicio Oral sobre Crímenes de Lesa Humanidad. Este proceso se llevo a cabo por las privaciones ilegales de la libertad, las torturas, la apropiación de les niños y los homicidios.
El Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por Julián Falcucci (presidente), Alberto Daniel Carelli y María Paula Marisi, condenó a doce años de prisión al ex juez federal Eduardo Allende, y aplicó penas de siete años y seis meses y seis años al ex teniente de Artillería del Comando de Artillería 141, Alberto Eduardo Camps y al ex médico de la Policía, Jorge Omar Caram, respectivamente, en el marco del juicio que abordó crímenes de lesa humanidad consistentes en tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios en perjuicio de 27 víctimas.
Por parte del Ministerio Público Fiscal intervinieron en el debate el fiscal federal Cristian Rachid y la fiscal general Mónica Spagnuolo, quienes habían requerido prisión perpetua para el ex magistrado y penas de quince años para el resto de los imputados. El tribunal fijó la lectura de los fundamentos para una fecha a determinarse dentro del lapso legal de 40 días desde el cierre del debate, aplicable en función de la duración del mismo.
El debate oral y público -sustanciado en relación a dos causas acumuladas y vinculadas al terrorismo de Estado en San Luis, conocidas como "Magistrados" y "Caram-Camps"- comprendía también a Hipólito Saa, ex fiscal federal de la provincia puntana que quedó excluido por presunta incapacidad mental sobreviniente. La Fiscalía apeló el fallo del tribunal y aún se aguarda la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.